Temas
de la QuincenaEn este número:
Temas
de la QuincenaAl hablar de participación popular en Bolivia, inevitablemente muchos recuerdan a Carlos Hugo Molina, uno de sus creadores y sin duda, el hombre que se esforzó por ponerla en vigencia y evitar que esta reforma hubiera sido desechada. Por ello, a la hora de evaluar lo que han sido estos siete años de vida de la participación popular, vale la pena conocer su evaluación.
El abogado cruceño considera que la actual convulsión social pone en entredicho todos los procesos de avance institucional del Estado boliviano, aunque no a la participación popular como un componente esencial del proceso democrático para la recuperación del concepto de ciudadanía efectiva, porque más allá de sus logros en términos de recuperación territorial de la República, “el tema más importante y que no está siendo acompañado por los partidos políticos y el sistema en su conjunto es, esta irrupción de ciudadanía que hoy está empezando a tomar características, en algunos casos violentas, por la no comprensión de lo que ha significado nuestro proceso”.
Fue por esta insuficiente comprensión del proceso que el gobierno trató de inmovilizar la participación popular, pero lamentablemente, dijo Molina “los procesos sociales cobran factura a quienes no los entienden y no los comprenden y en este caso, lastimosamente la factura no es a este gobierno es al estado y a la sociedad en su conjunto; porque las demandas que no tienen respuesta adquieren calidad de virulencia, como lo estamos viendo y este tipo de manifestaciones se repetirán todas las veces que la gente demande, concerte, pacte y no le den respuestas, sea en lo local, lo departamental o lo nacional”.
DESCONCIERTO TAMBIEN EN LA OPOSICION
Puntualizó empero que en este momento, las demandas no son a los gobiernos locales, porque éstas en mayor o menor medida están siendo atendidas, pero sí buscan resolver problemas a nivel departamental y nacional, donde precisamente el Estado no ha comprendido que en estos siete años, ha habido un proceso de crecimiento.
Esta falta de visión no afecta únicamente a los partidos de gobierno, el director del CEPAD opina que toda la estructura política que opera en zonas urbanas, “desconoce lo que está sucediendo en la base social de la República”, porque de hacerlo, modificarían radicalmente su conducta y actitudes. Cree que en el fondo, lo que hay es un cierto temor por lo resultados que hasta ahora se han alcanzado, sin asumir que en este proceso no es posible dar marcha atrás y por tanto, quienes sostuvieron la participación popular como propuesta gubernamental deben ahora, “acompañar el proceso con claridad y decisión”.
En este orden, piensa que se deben tomar posiciones mucho más claras y contundentes, con respecto, por ejemplo, al Proyecto de la Ley del Diálogo, que calificó como un intento de modificación de las leyes de Descentralización, Participación Popular y Municipalidades, al introducir “artículos y figuras incorporadas de contrabando, que no van a resolver los problemas que se necesitan en este momento”. Por lo demás, cree que no tiene sentido elaborar una ley para hacer que se cumplan otras y menos aún, considerando que tenemos el marco institucional legal más completo del sistema interamericano y que éste no funciona.
LOS DESAFIOS
Para Carlos Hugo Molina, consolidar y profundizar la participación popular exige a la sociedad boliviana enfrentar cinco desafíos:
Profundización de la ciudadanía efectiva.
Una mejor apropiación del territorio, tema unido al concepto de mancomunidad municipal.
Potenciar el concepto de desarrollo económico local.
Insertarnos en la sociedad de la información y el conocimiento y aprovechar los recursos que nos ofrece.
Preservar y hacer uso razonable y sostenido de los recursos naturales y el medio ambiente.
Estos cinco desafíos tienen en la participación popular un instrumento de movilización y de apropiación de gestión pública, dijo, y sin duda serán un aspecto central a debatir en el proceso electoral del 2002, porque “más allá de los partidos políticos, evidentemente, hay que decirlo y pido que sea reflejado en esos términos, son los partidos políticos los que van a llevar adelante o tratar de profundizarla más. Esto quiere decir que los partidos que alentaron un proceso de reforma de esta naturaleza, los que espectaron su aprobación y ejecución y hoy no saben que hacer con ella, y partidos como el MNR, el MBL, el MRTKL que participaron, en su ejecución, podrían decir mucho más en este sentido”.
En abril de 1994, cuando se aprobó la Ley de Participación Popular (LPP), Mateo Laura, era dirigente de la CSUTCB y en esa condición, se opuso a la LPP. Hoy, es uno de los alcaldes campesinos más activos del Altiplano paceño, pero aún así, mantiene una actitud de oposición al gobierno que puso en marcha esta reforma.
De ahí que, al pedirle una evaluación del proceso, se apresuró en señalar que de ninguna manera la LPP fue “Un regalo o una interpretación real de un programa de gobierno”, si no, producto de años de lucha de organizaciones como la CSUTCB o la COB, que si bien no le dieron el nombre de participación popular, reclamaron permanentemente coparticipación y la asignación de recursos que les correspondían. Por tanto, reiteró, “fue una conquista de la población, tanto del ámbito rural como de la ciudad, especialmente de los trabajadores”.
Dejando de lado ese matiz, el alcalde de Santiago de Callapa entra en materia y señala que en estos 7 años, muchos alcaldes han tenido que enfrentar situaciones muy difíciles, sobre todo por el desconocimiento de varias normas o de los instrumentos de planificación. A pesar de ello, está persuadido también que estas autoridades “han ido tomando el ritmo y hay municipios, regiones que después de haber sido olvidadas, registran avances en infraestructura educativa y de saneamiento básico, vinculación caminera y de apoyo a la producción”.
PROFUNDIZAR MUCHO MAS
Sin embargo, dice el alcalde Laura, “hay que ir profundizando mucho más” y para ello, él considera clave incrementar los recursos municipales, con mayor razón, si el gobierno efectivamente desea luchar contra la pobreza. “El próximo reto de las organizaciones sociales y de los municipios es definitivamente lograr más recursos, que no simplemente se piense en descentralizar educación y salud, si no que también se desconcentren los recursos de acuerdo a la población, de acuerdo a los niveles de pobreza, de acuerdo a las necesidades que hay en distintas regiones”, remarcó.
En esta perspectiva, él no cree que la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza y sus mecanismos de aplicación, especialmente para la asignación de recursos adicionales provenientes de HIPCII, vayan a ser suficientes ni para asumir las nuevas responsabilidades que se les asignan ni para desarrollar acciones efectivas de lucha contra la pobreza.
Por tanto, instó a luchar por más recursos para los municipios más deprimidos, porque aún cuando está consciente de que también en las ciudades hay mucha pobreza, él piensa que los municipios grandes tienen ingresos propios, en muchos casos considerables y en consecuencia, el área rural debe ser prioritaria a la hora de asignar cualquier recurso adicional.
Por ultimo, Mateo Laura pidió a sus colegas “mayor transparencia en el manejo de recursos, para demostrar que los gobiernos municipales son capaces de administrarlos bien”, única forma además, de responder positivamente “a la lucha de los trabajadores por coparticipación y cogestión”.
Avances y retrocesos, luces y sombras, no relacionadas precisamente con la Ley de Participación Popular, han marcado los siete primeros años de aplicación de esta reforma para el alcalde de La Paz, Juan del Granado, para quien además, los obstáculos son producto de “un sistema político ineficiente, prebendal y corrupto que no representa a la comunidad y de un modelo económico neo-liberal que ha dejado en manos del mercado el grueso de la inversión pública y apenas el 20% de coparticipación tributaria en manos de los municipios”.
Desde esta perspectiva, para que la comunidad se apropie de la participación popular y la impulse hacia adelante, Del Granado cree que es imprescindible modificar el sistema político y el modelo económico, ya que hasta ahora, él piensa que la apropiación de esta reforma ha sido parcial, debido a los resultados también parciales de esta reforma, “pues todavía no se ve una mejoría de la calidad de vida en los municipios”.
Dejó en claro que no responsabiliza a los alcaldes por esta situación, sino por “las enormes restricciones que les impone un estado centralista prebendal y corrupto”. En consecuencia, para el Alcalde de La Paz, la participación popular tiene un enorme chaleco de fuerza en el sistema político y el modelo económico, pero a la vez, una enorme fuerza liberadora que es la comunidad que no acaba de apropiarse de ella, porque todavía no ve resultados”.
REPUBLICA FEDERATIVA DE MUNICIPIOS
Entre los cambios políticos que nos propone el Jefe del Movimiento Sin Miedo, figura la constitución de una “República Federal de Municipios Autónomos y Comunidades Originarias”, aunque manteniendo el sistema unitario. Propone además, la devolución de la soberanía a la comunidad, eliminando el monopolio partidario de la representación pública en todos los niveles; la aplicación de mecanismos de democracia directa para la aprobación de leyes y resoluciones, y planes con una “visión planificativa, participativa y estratégica”.
Juan del Granado no tiene tan claros cuáles deberían ser los cambios al modelo económico, pero sí que “el 80% de la coparticipación vaya a los municipios para garantizar una inversión pública muy vinculada a la comunidad y con control social”.
De esta manera, él piensa que los municipios tendrán mas recursos para trabajar bien, pues los que tiene actualmente son insuficientes, al igual que los ingresos complementarios que recibirán de los recursos de Alivio a la Pobreza –35 este año- pero que, “por el carácter todavía centralista y burocrático que tiene el gobierno central sobre lo que es la Estrategia de Reducción de la Pobreza, absolutamente contradictoria además, con el origen de la pobreza, que es el modelo liberal que sustentan este gobierno y los anteriores”.
Al igual que su colega de Callapa, el alcalde de Luribay, Alejandro Cadima fue dirigente de la CSUTCB, hasta donde llegó tras una carrera sindical que se inició en su comunidad, pasando luego por su provincia y la federación departamental, pero a diferencia de otros, para él los problemas de la participación popular son prácticos, tienen que ver con el día a día de la gestión municipal.
El primero y más importante, sin duda, son los pocos recursos económicos de los que dispone. Para atender a las 78 comunidades que forman su municipio, dispone tan sólo de un presupuesto de 1.900.000 bolivianos, con los que se pueden ejecutar sólo pequeñas obras.
El ha tratado de superar esa limitación buscando otros recursos y elaborado proyecto y carpetas, que se han quedado exactamente en las carpetas, porque las instancias centrales de cofinanciamiento “son muy burocráticas” y lo que es peor, no tienen la menor voluntad de apoyar a los municipios, aparentemente –dijo- porque obran con criterios político partidarios.
PROCEDIMIENTOS ENGORROSOS
Por si fuera poco, los procedimientos para la administración de las entidades estatales no son se adecuan a la realidad y necesidades de los municipios rurales. El Alcalde de Luribay nos comentaba, por ejemplo, que para contratar un albañil para una obra menor o para alquilar un vehículo, él debe realizar tres cotizaciones y ello no siempre es posible cumplir allí.
Esto se hace más difícil para cualquier alcalde que realmente quiere respetar la ley y no tener ningún problema futuro con la Contraloría. Es aquí, donde Cadima tropieza con otro problema práctico, la falta de personal capacitado. Contó que en los periódicos de La Paz ya ha publicado varios avisos para contratar un contador, pero sin éxito, pues al parecer, no hay profesionales interesados en trabajar en provincias.
Esto no es culpa de los alcaldes, puntualizó, pues “por ejemplo, yo como alcalde no soy profesional, pero tengo conocimiento de que el manejo económico es muy delicado y tenemos algunas recomendaciones de la Contraloría que estamos tratando de cumplir, pero yo quisiera que los profesionales también escucharan al área rural y nos apoyaran”.
Sus problemas no acaban allí, pese a que Luribay es capital de la provincia Loayza y tiene un hospital, la administración departamental no le ha asignado un médico, ni siquiera una enfermera, pese a sus reiterados reclamos que no han sido respondidos por el Servicio Departamental de Salud. De igual manera, la Dirección Departamental de Educación no ha nombrado aún un Director Distrital, de modo que a pesar de que la Alcaldía ha comprado material para las escuelas, no tienen con quien coordinar su distribución.
MAYOR COORDINACIÓN
En consecuencia, para Alejandro Cadima la participación popular mejorará con una mejor coordinación entre autoridades de todo nivel, “del gobierno central, la prefectura, los subprefectos, consejeros, los dirigentes sindicales también, coordinar de una manera bien para llevar adelante lo que es nuestro desarrollo, porque siempre hemos hablado del desarrollo de nuestro país y yo creo que nosotros en forma coordinada vamos a llevar el desarrollo”, afirmó.
Adicionalmente, propone hacer de los discursos políticos una realidad, que para él significa “no hacer ninguna distinción de color político, creo que eso es lo que nos está perjudicando; en muchas instituciones parece que se están rigiendo al color político, pero no creo que con eso vamos a llevar adelante”. Ciertamente, el Alcalde de Luribay nos plantea problemas sobre los que vale la pena reflexionar, si queremos avanzar.
Gloria Aguilar, fue concejal en el municipio de La Paz y actualmente presidenta de la Asociación de Concejalas de Bolivia, ACOBOL, no dudó un instante en señalar que su balance de siete años de participación popular es positiva porque da la posibilidad de que tanto autoridades municipales como sociedad civil, opinen y tomen posición sobre leyes que les afectan directamente, como la Ley del Diálogo, antes de que éstas sean aprobadas.
Para Aguilar, ello demuestra cuanto se ha avanzado en la profundización de la democracia y cree que el desafío más grande que tiene la participación popular por delante, es la institucionalización, “porque si se quiere ver un futuro, si se quiere ver un avance, esto es fundamental y ya estamos viendo que hay cierta consciencia de institucionalidad, de respeto a las normas en los municipios, de una participación pluralista de mayorías y minorías, pero con mayor visión”.
Hacia delante propone no profundizar la participación popular, sino “una radicalización de la democracia, porque a eso se llega con la participación social, a un aspecto más estructural como es la profundización de la democracia”.
Noticias
de la Quincena.El 30 de marzo pasado, el poder Ejecutivo aprobó el Decreto Supremo 26140, que en su Artículo Unico aprueba el Reglamento de Funcionamiento de Organizaciones No Gubernamentales, que trabajan con campesinos, pueblos indígenas, originarios y colonizadores, el mismo que a su vez, consta de 4 capítulos y 14 artículos.
En su parte considerativa el decreto hace referencia a los derechos de pueblos originarios reconocidos por el Art. 171 de la CPE y la Ley 1257 que ratifica el Convenio 169 de la OIT. Asimismo, a las prescripciones del Título II, Capítulos II y III del Código Civil relativos al accionar de las ONGs e IPDs y, finalmente a los acuerdos tomados con la CSUTCB, la CSCB y la FNMCBS del 7 de octubre del año 2000.
EL REGLAMENTO
En el primer artículo, se fija el objetivo y alcance del mismo que no es otro que el normar el funcionamiento de ONGs e IPDs, excepto de aquellas que tienen suscritos convenios marco y en el segundo se establece que será el Ministerio de Asuntos Campesinos y Pueblos Indígenas y Originarios (MACPIO) el encargadod el seguimiento y coordinación con estas instituciones y las organizaciones de los beneficiarios.
En el tercero se especifica que esas acciones de coordinación buscan efectividad; relacionamiento con los órganos gubernamentales sectoriales a través de comisiones que discutan y ajusten políticas sectoriales; promover el intercambio de conocimientos y experiencias hacia los organismos gubernamentales y las organizaciones sociales y para recabar anualmente información para el Ejecutivo.
En el cuarto se establece que los reclamos de las organizaciones serán evaluados por el Comité de Seguimiento y Supervisión dependiente del MACPIO, que eventualmente podría recomendar al Ministerio de Hacienda la cancelación del registro de la ONG cuestionada.
El sexto hace referencia a la estructura del Comité, que estará integrado por representantes de: los ministerios de Asuntos Campesinos, Justicia y Desarrollo Sostenible; CSUTCB, CSCB, CIDOB y FNMCBS y 2 representantes de las ONGs e IPDs, que operan en el país. Este comité deberá elaborar su reglamento interno de funcionamiento en 60 días (Art. 7) y se reunirá públicamente, cada seis meses o cuando se lo requiera extraordinariamente (Art. 8).
En el Capítulo IV se detallan las incompatibilidades, impedimentos y cancelación de registro. En el primer caso se especifica que las ONGs no pueden atribuirse la representación de las organizaciones, inmiscuirse en asuntos internos de éstas ni financiar actividades que vulneren la CPE (Art. 9).
El artículo 10 señala que las ONGs “deberán consultar y consensuar programas, proyectos y contenidos de los mismos” con los beneficiarios y en el 11 se prohibe que autoridades de los poderes legislativo, ejecutivo, judicial y gobiernos municipales sean miembros de ONGs, sus cónyuges y ascendientes y descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad.
En el 12 se fijan las causales de suspensión, la no presentación de informes a requerimiento del Comité o por atribuirse la representación de las organizaciones y el 13, las de cancelación, el comprobarse falsedad ideológica y material en la presentación de la documentación al Comité y por actos delictuosos (“apropiación individual, estafa, sedición, etc.”) previa sentencia judicial.
Finalmente el art. 14, Aspectos Transitorios, establece que el Ministerio de Hacienda, proporcionará información sobre el funcionamiento actual de las ONGs/IPDs.
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